Hablar de trabajo sexual es hablar de derechos. Sin embargo, históricamente, el trabajo sexual ha sido uno de los temas más estigmatizados, moralizados y mal comprendidos, tanto en los debates sociales como en las políticas públicas. Las personas que lo ejercen enfrentan violencia, discriminación, exclusión social y ausencia de garantías mínimas.

Desde un enfoque de derechos humanos, urge avanzar hacia el reconocimiento pleno de los derechos de las personas que lo ejercen, pues más allá de los discursos que lo reducen a una discusión entre abolicionismo o legalización, se trata de garantizar la dignidad, condiciones laborales, salud, respeto y justicia.

El trabajo sexual insertado en la historia como un acto de resistencia

Lejos de ser una realidad reciente, el trabajo sexual ha existido a lo largo de la historia, adoptando múltiples formas. Ha sido ejercido por mujeres, hombres, personas trans, migrantes, personas racializadas y empobrecidas, a menudo como una de las pocas opciones disponibles frente a un sistema económico y social excluyente.

Sin embargo, la historia del trabajo sexual también es una historia de lucha y organización. Desde los años 70, con las huelgas de trabajadoras sexuales en Francia y la formación de sindicatos en América Latina y otras regiones, las personas trabajadoras sexuales han alzado su voz para exigir reconocimiento como sujetas políticas, capaces de organizarse, decidir y defender sus derechos.

Hoy en día, existen colectivos en toda la región que promueven una agenda propia: redes de apoyo, exigencia de políticas públicas, acceso a salud, educación, seguridad social y justicia.

¿Por qué decir «trabajo sexual»?

Nombrar es reconocer. Hablar de trabajo sexual es una forma de validar la autonomía de quienes deciden ejercerlo, sin negar que muchas otras personas lo hacen desde la precariedad, la desigualdad o la falta de opciones. Reconocerlo como trabajo permite disputar el lugar de las personas trabajadoras sexuales en la economía y en la sociedad: no como víctimas ni delincuentes, sino como personas sujetas de derechos.

Este reconocimiento no implica romantizar la actividad ni negar sus dificultades, pero sí rechazar su criminalización y la imposición de modelos morales que despojan a las personas de su agencia y las empujan a la clandestinidad.

Más allá de la trampa dicotómica: abolicionismo vs. legalismo

Los debates suelen encerrarse en una dicotomía: el abolicionismo, que busca erradicar el trabajo sexual por considerarlo una forma de violencia desde la mirada de la prostitución, y el legalismo, que lo regula como cualquier otra actividad económica. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja, pues las posiciones pueden llegar a limitar su radio de acción lo que termina por afectar finalmente a quien ejerce el trabajo sexual. Ejemplo:

• El abolicionismo punitivo ha derivado en políticas que criminalizan a las personas que ejercen el trabajo sexual, a sus clientes o a terceros, lo que incrementa su vulnerabilidad y exposición a violencias. Lejos de proteger, este enfoque empuja a la clandestinidad, alimenta el estigma y deja a los y las trabajadoras sexuales sin recursos de protección.
  
• La legalización sin enfoque de derechos muchas veces crea marcos excesivamente regulados, restrictivos y excluyentes, en los que solo unas pocas personas pueden cumplir con los requisitos exigidos, dejando a la mayoría fuera del sistema.
  

Por eso, desde los colectivos y movimientos de trabajadoras sexuales, se plantea un modelo de despenalización con derechos, donde el Estado garantice protección sin imponer control, y se reconozca el trabajo sexual como parte de la economía informal o formal, según el contexto.

¿Qué significa proteger a las personas que ejercen el trabajo sexual?

Proteger no necesariamente es prohibir, controlar o “rescatar” a quienes no lo han pedido. Proteger es:

• Escuchar a las personas trabajadoras sexuales como voceras de sus propias realidades y decisiones.
  
• Garantizar acceso real a derechos humanos: salud integral, educación, vivienda, servicios públicos, protección frente a la violencia, justicia.
  
• Despenalizar el trabajo sexual voluntario entre personas adultas. Las leyes deben enfocarse en perseguir la trata y la explotación, no en criminalizar la autonomía.
  
• Erradicar el estigma institucional que impide a las personas trabajadoras sexuales denunciar abusos, acceder a salud o ser tratadas con dignidad en espacios públicos.
  
• Asegurar políticas públicas interseccionales, que reconozcan la diversidad de experiencias: no es lo mismo una mujer cis, blanca y urbana que una mujer trans migrante o una trabajadora sexual afrodescendiente en una zona rural.
  

Escuchar a quienes están en el centro

“Sin nosotras no se habla de nosotras.” Las redes de trabajadoras sexuales en América Latina, como AMMAR (Argentina), RedTraSex (Latinoamérica y el Caribe), Asociación Orquídeas (Colombia), AMBAR (Venezuela), entre muchas otras, exigen con claridad:

• El reconocimiento del trabajo sexual como una opción legítima y no forzada.
  
• El respeto por la diversidad de trayectorias y condiciones en que se ejerce.
  
• La erradicación del estigma que impacta su salud mental, sus vínculos familiares, su vida cotidiana y sus posibilidades de organización colectiva.
  

Porque los derechos no se negocian

Las personas trabajadoras sexuales tienen derecho a trabajar, a decidir, a ser escuchadas y protegidas por las leyes sin ser perseguidas ni tuteladas. La defensa del trabajo sexual como trabajo es también una defensa del derecho a la autonomía corporal, a la autodeterminación y al cuidado.

Quienes defendemos los derechos humanos no podemos mirar hacia otro lado mientras se sigue criminalizando a las personas por la forma en que deciden ganarse la vida. El silencio también es violencia. La indiferencia también mata.

El trabajo sexual existe. La criminalización y el estigma también. Pero la organización, la resistencia y la dignidad de quienes lo ejercen es más fuerte.

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