Cada 30 de julio, se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas,  una fecha que representa una oportunidad para visibilizar una de las formas más extremas de violencia estructural, especialmente hacia mujeres, niñas y diversidades. 

De acuerdo al Artículo 3 del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas Especialmente en Mujeres y Niños (Protocolo de Palermo, 2000) la Trata de Personas “es la captación, el transporte, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento deuna persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) resalta la importancia de identificar los elementos que conforman la trata, la cual contempla la Conducta representada en la captación, traslado, transporte, acogida y recepción de la víctima; el Medio que implica amenaza, coacción, engaño, fraude, uso de la fuerza, rapto, abuso de poder, aprovechamiento de situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios; y el Fin representado en la explotación de la persona.

Destacando que si la víctima es niño, niña o adolescente (NNA), NO es necesario el elemento de los medios, si existen los otros dos elementos (conducta y fines).

A lo largo y ancho del planeta la trata continúa siendo una forma generalizada de violación de los derechos humanos, la UNODC estima en 2,5 millones el número de personas víctimas de esta modalidad de crimen organizado, aunque se calcula que por cada víctima identificada existen 20 más sin identificar. En las próximas líneas daremos una mirada a algunas de sus formas así como a ciertas  herramientas y estrategias que buscan acompañar a quienes caen en sus redes.

América Latina, un nicho para las víctimas

Trata con fines de explotación sexual

Según el Global Report on Trafficking in Persons 2022 (UNODC), la explotación sexual representa el 50% de los casos detectados de trata en América del Sur y Central, siendo la modalidad más denunciada. Las mujeres y niñas constituyen el 79% de las víctimas, reclutadas mediante engaños, ofertas falsas de empleo o raptos por parte de redes criminales.

Entre los países de origen más frecuente se incluyen: Colombia, República Dominicana, Venezuela y Centroamérica. Según el Global Report on Trafficking in Persons 2022 de la UNODC, complementado con informes regionales como el de la Oficina de las Naciones Unidas para América del Sur (UNODC, 2021) y el Departamento de Estado de EE.UU. (TIP Report, 2023), los principales países de destino para la explotación sexual de víctimas de trata provenientes de Suramérica son España, Italia, Portugal, Francia, Países Bajos, Alemania, Suiza, Reino Unido y Turquía. 

Las estadísticas revelan que los flujos hacia Estados Unidos, México y algunos países de Asia (como China) también han ganado importancia, asimismo la ruta intra regional, por ejemplo Argentina, Chile o Brasil como destinos, en los últimos años ha ganado relevancia, especialmente en casos de trata con fines laborales y sexuales.

Las rutas de migración irregular, mejor conocidas como corredores migratorios, por ejemplo: Darién, México-Estados Unidos, son zonas ideales para la explotación por redes de trata (OIM, 2023), al igual que destinos para el turismo sexual como Cancún (México) y Punta del Este (Uruguay) presentan igualmente altos índices de explotación (TIP Report, 2023).

Trata con fines laborales y de servidumbre

El trabajo forzado constituye una de las formas más extendidas de explotación relacionadas con la trata de personas. Según el Informe Global sobre Trabajo Forzoso 2022 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), 27.6 millones de personas en el mundo son víctimas de trabajo forzoso, y el 63% de estos casos corresponde a explotación laboral en el sector privado (incluyendo agricultura, manufactura y servicios domésticos).

La OIT y la UNODC (2022) identifican a la agricultura, minería y maquilas como los sectores de mayor incidencia, especialmente en economías informales. En América del Sur, Perú, Colombia y Brasil reportan casos de trata laboral en minería ilegal, donde víctimas -incluyendo indígenas y migrantes- son sometidas a condiciones de servidumbre por deudas (TIP Report EE.UU., 2023).

Un estudio de la OIT (2021) estima que el 24% de las víctimas de trata laboral en la región son empleadas domésticas, muchas de ellas mujeres y niñas en situaciones de aislamiento y abuso.

Según la Relatoría de la ONU sobre Formas Contemporáneas de Esclavitud (2022) la servidumbre por deudas se alza como una práctica documentada donde reclutadores de redes de trata retienen documentos, imponen «cargos» ficticios por transporte o alojamiento, y perpetúan ciclos de explotación. En la Amazonía peruana y colombiana, por ejemplo, se han registrado casos donde comunidades indígenas son obligadas a trabajar en minería ilegal a cambio de «adelantos» que nunca saldan (UNODC, Perú 2023).

Trata de niños, niñas y adolescentes

Según el Global Report on Trafficking in Persons 2022 de la UNODC, los menores de edad representan aproximadamente el 30% de las víctimas de trata en América Latina, siendo explotados principalmente con fines de Explotación sexual (incluyendo prostitución y pornografía infantil), Trabajo forzado (en minería ilegal, agricultura, servicio doméstico y mendicidad), Reclutamiento forzado por grupos armados (especialmente en Colombia y áreas fronterizas) y Adopciones ilegales y matrimonios forzados.

Las estadísticas revelan que el 60% de los casos ocurren en entornos de pobreza extrema, migración irregular o desintegración familiar (OIM, 2023), además que las niñas indígenas y afrodescendientes son especialmente vulnerables (UNICEF, 2022).

Obstáculos estructurales y estrategias de respuesta

Según el Informe de UNODC (2022), el 79% de las víctimas identificadas en América Latina son mujeres y niñas sometidas a explotación sexual. Ante dicha realidad, la falta de refugios seguros, la criminalización de sobrevivientes y la revictimización institucional se han vuelto endémicas. 

Sin embargo, surgen acciones que buscan dar alivio a la crisis existente, tal es el caso de refugios como Casa Luna en México, que ofrecen protección integral, acompañamiento legal, atención psicológica y planes de reinserción laboral, en modelos centrados en derechos y género.

Ante los altos índices de víctimas de trata sometidas a trabajo forzado en sectores muy poco regulados, se identifican iniciativas como el sello “Empleo Libre de Trata” en Paraguay que certifica empresas y cadenas productivas éticas, invisibilizando el lucro sobre cuerpos vulnerables e incentivando prácticas laborales legales y seguras.

Corrupción y complicidad estatal

Investigaciones de Transparency International (2023) señalan que el 60% de los casos de trata involucra corrupción en las fronteras, cuerpos de policía o funcionarios(as) de migración. Sin embargo, la realidad es que las redes de trata están conformadas por diversidad de personas y quien menos imaginamos puede llegar a formar parte.

En Guatemala se ha implementado una Fiscalía Antitrata especializada, que desde 2020 ha procesado a más de 120 funcionarios(as), demostrando la viabilidad de mecanismos especializados independientes.

El gran problema es visibilizar las cifras reales de tan destructor crimen. La CEPAL (2023) destaca que solo uno de cada cinco países latinoamericanos ofrece datos desagregados por edad y género. Esta deficiencia impide medir correctamente la magnitud de la trata. 

Afortunadamente, en respuesta a esta debilidad, apps como “ReportaTrata” en Colombia han surgido para permitir el desarrollo de denuncias anónimas geolocalizadas que conectan directamente con fiscalías y redes de apoyo comunitario, ayudando por ejemplo a la identificación estadística de zonas con mayor afectación.

Según la OIM (2023), el 90% de sobrevivientes recaen en condiciones de vulnerabilidad por falta de apoyo económico y social, reconociendo que la pobreza se alza como un caldo de cultivo para que las personas queden más expuestas a las tretas que las redes de trata llevan a cabo para sonsacar de múltiples maneras a sus víctimas, siendo que en algunas ocasiones incluso puede ser la causa para mantenerse o recaer en estos entornos de opresión. 

Para dar una respuesta real y efectiva, el programa Ruta Integral de Reinserción en Chile combina acompañamiento psicosocial con capacitación laboral, alcanzando tasas de reinserción laboral del 75%, revitalizando proyectos de vida con dignidad.

Mapa de acción transformadora

Proponer una hoja de ruta de atención feminista y con enfoque de derechos contempla estrategias como:

• Prevención comunitaria: talleres escolares con testimonios reales, como los de la red “Voces Libres” de Perú que acompañan a las y los sobrevivientes estimulando la prevención desde lo testimonial.
• Cooperación transfronteriza: unidades binacionales, como el pacto México-Belice, para investigar redes criminales, impulsando la acción fuera de las fronteras y en colectivo para dar respuesta real y efectiva.
• Periodismo ético: fomento de buenas prácticas informativas mediante guías como “Cómo informar sin revictimizar” (FNPI, 2023) para educar a las audiencias a comprender la gravedad del problema y a actuar en la prevención.
• Enfoque interseccional: reconocer que mujeres, niñas, personas LGBTIQ+ y migrantes enfrentan riesgos específicos dentro del fenómeno y están en la primera línea de foco de atención para la prevención y mitigación de casos.

En el modelo de atención también resalta como de gran importancia el rol protagónico que cumple el personal de salud, debido a su posición única de asistencia y atención de una posible víctima de trata, con su primer contacto. La atención que realiza el personal de salud debe ser integral, abordando tanto las necesidades médicas como psicosociales, garantizando la confidencialidad y la seguridad de la posible víctima, creando un ambiente seguro y libre de prejuicios donde las personas se sientan cómodas para hablar sobre su experiencia; aunado al debido tratamiento de la información suministrada, sus datos personales y la articulación y cooperación con otros actores relevantes en pro de dar una respuesta coordinada y efectiva.

El flagelo de la Trata de Personas está atravesado por elementos como el género, la pobreza, la migración, el racismo y la impunidad. En CEDESEX reafirmamos que la lucha contra esta forma de violencia debe situar a las sobrevivientes en el centro, defendiendo su derecho a vivir libres, informadas, protegidas y empoderadas para decidir sobre sus cuerpos y proyectos de vida.

No basta con criminalizar: se necesita un enfoque integral, que combine refugio, justicia, salud, apoyo socioeconómico y reparación. La trata se enfrenta mejor con respuestas feministas, interseccionales y comunitarias. 

Equipo CEDESEX.
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