Por: Ing. Giovanni Piermattei
Presidente de AC Venezuela Igualitaria

El 17 de mayo no es una fecha simbólica vacía. Es un día profundamente político, que nos convoca a reflexionar no solo sobre las violencias que enfrentan las personas LGBTIQ+, sino sobre la forma en que esas violencias siguen siendo nombradas, toleradas y reproducidas.

Conmemoramos el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, y cada vez con mayor claridad resulta necesario ampliar ese reconocimiento para incorporar también la interfobia, como parte de una comprensión más completa e inclusiva de las múltiples formas de violencia que atraviesan a las diversidades sexuales y de género.

Pero más allá de las etiquetas, hay algo que debemos decir con absoluta claridad: lo que enfrentamos no es solo “fobia”. Nombrarlo de esa forma ha servido durante mucho tiempo para reducir estas violencias a miedos individuales, a prejuicios personales o a reacciones aisladas. Sin embargo, la realidad cotidiana de quienes habitamos cuerpos e identidades diversas nos muestra otra cosa. No se trata de miedo, se trata de exclusión sistemática, de negación sostenida de derechos, de estructuras que operan para mantenernos fuera del reconocimiento jurídico y de la protección efectiva.
Por eso, es necesario decirlo sin rodeos: no es fobia, es odio. Y como tal debe ser abordado desde el derecho, desde las políticas públicas y, sobre todo, desde decisiones institucionales que transformen esa realidad.

En Venezuela, esta fecha adquiere una dimensión particular, pues en 2021, la Asamblea Nacional declaró el Día Nacional contra el Odio y la Discriminación por Orientación Sexual, Identidad de Género y Expresión de Género, lo que constituye un reconocimiento político relevante. Asimismo, en el momento actual, la incorporación de la diversidad en el Programa por la Paz y la Convivencia Pacífica, así como el llamado realizado por la Presidenta Encargada Delcy Rodríguez al Tribunal Supremo de Justicia para el desarrollo de una doctrina sobre la diversidad como derecho humano fundamental, marcan un punto de inflexión que no puede ser ignorado.

Ese reconocimiento institucional obliga a elevar el nivel del debate. Porque si el propio Estado reconoce la diversidad como materia de derechos humanos, entonces la respuesta no puede quedarse en medidas parciales o en discursos simbólicos. No se trata solo de inclusión administrativa o de programas puntuales. Se trata de reconocimiento jurídico pleno, de decisiones que establezcan criterios claros y firmes sobre las demandas que actualmente reposan ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Es importante también reconocer que el ordenamiento jurídico venezolano no parte de cero. Diversas leyes han incorporado, como supuestos de no discriminación, la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género. Ese es un avance que no puede ser invisibilizado, y es resultado directo de años de lucha, de organización y de incidencia del movimiento. Sin embargo, también es necesario entender su límite: estos reconocimientos parciales no sustituyen el reconocimiento pleno. Mientras no exista una estructura jurídica que garantice integralmente esos derechos, las familias diversas continúan sin existir plenamente en el derecho, las identidades carecen de protección integral y el acceso a derechos sigue dependiendo de interpretaciones administrativas.

En ese escenario, incluso los avances tienen un techo. No transforman la desigualdad estructural, apenas la contienen. Y eso tiene implicaciones políticas importantes: puede generar la sensación de progreso sin que exista una transformación real del sistema. Puede fragmentar la lucha, reducir el nivel de exigencia y abrir espacios que le permitan al Estado seguir postergando decisiones estructurales.
En este contexto, el activismo tiene una responsabilidad que va más allá de la interlocución institucional. El activismo no necesita simpatizar con las instituciones ni con quienes las dirigen; necesita sostener una exigencia ética frente a quienes viven diariamente las violencias, frente a quienes están creciendo en medio de la exclusión y frente a quienes aún están por nacer. Es, en última instancia, una responsabilidad con la vida que se quiere hacer posible.

Por eso, este momento no es para pedir menos. Si el debate está abierto en el máximo tribunal del país, si se ha reconocido la necesidad de construir una doctrina sobre la diversidad como derecho humano fundamental, entonces la exigencia no puede ser menor que eso. No podemos negociar por debajo del estándar constitucional, ni fragmentar una lucha que es esencialmente una lucha por igualdad.
Porque lo que está en disputa no es nuestra existencia, pues existimos. Estamos luchando por un orden jurídico que deje de negarnos y que garantice nuestra dignidad. Y esa deuda histórica del Estado solo puede repararse con reconocimiento legal pleno.
Aceptar migajas no es avanzar, es adaptarse a un sistema que todavía no reconoce plenamente esa igualdad. Y nuestros derechos no pueden depender de programas ni de decisiones administrativas, deben estar consagrados en el derecho para que puedan ser realmente garantizados.

En ese camino, el sentido de esta fecha cobra toda su fuerza: no es solo recordar, es exigir. Porque —como nos recordó Pedro Lemebel— “hay tantos niños que van a nacer con una alita rota”, y frente a eso no hay neutralidad posible: nuestra lucha es para que esas vidas, todas las vidas, puedan vivir sin miedo, culpa ni vergüenza.