Cada 18 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas Migrantes, una fecha establecida por las Naciones Unidas para visibilizar  las luchas, aportes y vulneraciones  que atraviesa a más de 280 millones de personas en el mundo y que interpela de manera directa a los Estados, a las sociedades y a los sistemas de protección de derechos humanos (Organización Internacional para las Migraciones [OIM], 2022). 

Lejos de tratarse de un fenómeno excepcional, la migración es una constante histórica y una expresión legítima de la búsqueda de condiciones de vida dignas, seguras y libres de violencia.

La elección de esta fecha remite a un hito fundamental del derecho internacional de los derechos humanos. El 18 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, un instrumento jurídico que reconoce explícitamente que las personas migrantes son titulares de derechos humanos, independientemente de su situación migratoria (Naciones Unidas, 1990). Este reconocimiento fue pionero en subrayar que la movilidad humana no puede ser criminalizada y que la dignidad es inalienable, al establecer obligaciones claras para los Estados en materia de igualdad ante la ley, acceso a la justicia, condiciones laborales dignas y protección frente a la explotación y la violencia.

Actualidad global

A más de treinta años, el espíritu de la Convención sigue siendo profundamente vigente. En un contexto global marcado por conflictos armados, crisis económicas persistentes, desigualdades estructurales y el impacto creciente del cambio climático, los desplazamientos humanos han aumentado y se han complejizado. La interdependencia entre migración, cambio climático y desigualdades estructurales ha sido documentada por la OIM (2022), mostrando que la movilidad es también una estrategia de resiliencia. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce esta realidad al incluir la migración como un componente transversal del desarrollo, destacando la necesidad de facilitar una movilidad humana segura, ordenada y regular (Naciones Unidas, 2015).

En América Latina, los procesos migratorios recientes han puesto en evidencia tanto la capacidad de solidaridad de las comunidades de acogida como las limitaciones estructurales de los Estados para garantizar derechos de manera efectiva. En particular, la falta de políticas sostenidas de integración y la precarización laboral han profundizado la vulnerabilidad de las personas migrantes.

Barreras y vulneraciones

A pesar de los compromisos asumidos en el marco del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (Naciones Unidas, 2018), muchas personas migrantes continúan enfrentando barreras significativas para acceder a derechos básicos como la salud, la educación, la vivienda y el trabajo decente. Estas barreras se suelen profundizar cuando la irregularidad administrativa se convierte en un factor de exclusión que habilita prácticas de criminalización y violencia institucional. Este escenario contradice los compromisos asumidos en el Pacto Mundial y perpetúa la desigualdad en el acceso a derechos básicos.

Las vulneraciones no afectan a todas las personas por igual. Diversos organismos internacionales han advertido que las mujeres migrantes, las niñas, niños y adolescentes, así como las personas LGBTIQ+, se encuentran expuestas a riesgos específicos, entre ellos la trata de personas, la violencia sexual, la explotación laboral y la discriminación múltiple (OIM, 2022; ACNUDH, 2021). La ACNUDH (2021) advierte que estas vulneraciones se agravan en contextos de frontera, donde la ausencia de mecanismos de protección genera espacios de impunidad. A estas violencias se suman discursos públicos y políticos que asocian la migración con amenazas a la seguridad o a la estabilidad económica, reforzando estigmas y legitimando políticas restrictivas contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos.

No obstante, también es importante reconocer los avances logrados en las últimas décadas. En distintos países de la región se han impulsado procesos de regularización migratoria, políticas de integración y marcos normativos que reconocen el derecho a migrar como un derecho humano. Asimismo, el rol de la sociedad civil ha sido central en la defensa y promoción de los derechos de las personas migrantes. Organizaciones comunitarias, redes de apoyo y organismos internacionales han brindado asistencia humanitaria, asesoramiento jurídico y acompañamiento psicosocial, especialmente allí donde la respuesta estatal resulta insuficiente. Estos esfuerzos han demostrado que la sociedad civil es un actor indispensable para sostener la dignidad y la vida de las personas migrantes.

A pesar de estos esfuerzos, los desafíos siguen siendo profundos. Garantizar una migración con derechos requiere fortalecer los sistemas de protección, erradicar la discriminación estructural y asegurar que las políticas públicas incorporen enfoques de género, interseccionalidad y derechos humanos. Esto implica reconocer que las mujeres migrantes enfrentan una “doble carga” de discriminación, tanto por su condición migratoria como por las desigualdades de género, también implica reconocer el impacto que los procesos migratorios tienen en la salud mental, en la vida familiar y en los proyectos de vida de las personas, y diseñar respuestas integrales que contemplen estas dimensiones, tal como recomiendan los organismos especializados del sistema de Naciones Unidas.

En este sentido, el Día Internacional de las Personas Migrantes no debe limitarse a una conmemoración simbólica. Es un llamado a reafirmar un principio esencial del derecho internacional: los derechos humanos no dependen de la nacionalidad ni del estatus migratorio. Defender los derechos de las personas migrantes es defender el Estado de derecho, la igualdad y la dignidad humana. En un mundo cada vez más interconectado, construir sociedades justas e inclusivas exige reconocer que migrar es un derecho y que ninguna persona debería ver condicionada su humanidad por el hecho de cruzar una frontera. El Día Internacional de las Personas Migrantes es, por tanto, un recordatorio de que la movilidad humana es parte esencial de la historia y del futuro compartido de la humanidad.

Bibliografía 

• Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). (2021). Principios y directrices recomendados sobre los derechos humanos en las fronteras internacionales. Naciones Unidas.
• Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). (2022). Global Trends: Forced Displacement in 2022. ACNUR.
• CEPAL. (2020). Migración internacional, derechos humanos y desarrollo en América Latina y el Caribe. Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
• Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (2019). Migración en el continente americano: derechos humanos de las personas migrantes y sus familias. Organización de Estados Americanos.
• Human Rights Watch. (2021). “They Don’t See Us as Human”: Migrant Women in Latin America Facing Violence and Discrimination. HRW.
• Naciones Unidas. (1990). Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Asamblea General de las Naciones Unidas.
• Naciones Unidas. (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Asamblea General de las Naciones Unidas.
• Naciones Unidas. (2018). Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Asamblea General de las Naciones Unidas.
• Naciones Unidas, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). (2019). Recomendación General No. 38 sobre la trata de mujeres y niñas en el contexto de la migración mundial. Naciones Unidas.
• Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (2022). Informe sobre las migraciones en el mundo 2022. OIM.
• Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (2023). Informe sobre las migraciones en el mundo 2023. OIM.
• Relatora Especial sobre los derechos humanos de los migrantes. (2021). Informe sobre la protección de los derechos de las mujeres migrantes. Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.