Por Suzany González Zambrano1

El mundo vive momentos de conmoción y crisis en razón de la emergencia sanitaria causada por el virus COVID-19, que hasta la fecha ha contagiado a más de 12 millones de personas en el mundo, causando la muerte de más de medio millón y condicionando a la gran mayoría de la población mundial a cumplir con medidas rigurosas de confinamiento y aislamiento social.

Estas medidas han generado efectos positivos para la contención de la propagación y la tasa de mortalidad del virus. No obstante, una vez más, el férreo concepto de [presunta] universalidad de los Derechos Humanos se impuso, desconociéndose la diversidad cultural de los modos de vida humana, así como las grandes desigualdades y discriminaciones imperantes en un sistema mundial en el que la opresión es la garantía de su propia sostenibilidad.

En ese sentido, a pesar de que es sabido que los brotes de enfermedades tienen un impacto diferenciado en la vida y la salud de las personas, en la mayoría de los países del mundo -para no pecar de absolutismo afirmando que en realidad son todos- se tomaron medidas desprovistas de enfoque interseccional, creándose el caldo de cultivo para el recrudecimiento de las desigualdades existentes.

Y es así como el COVID-19 se coronó como rey de una nueva era de horror, al imponer medidas que lograron ser perfectamente compatibles con el hambre, la pobreza, la violencia machista, el racismo y el abuso infantil, para pasar de una pandemia mundial desde una perspectiva sanitaria y epidemiológica, a un verdadero desplome de las reivindicaciones alcanzadas por la humanidad.

En efecto, el aislamiento social, el aumento del estrés y la incertidumbre, el desmejoramiento de las condiciones económicas de la mayoría, las restricciones y dificultades de movilidad, el confinamiento y el cierre de muchos de los servicios de atención y protección, son sólo algunas de las consecuencias de la pandemia por COVID-19 que se han convertido en causas del incremento de las desigualdades, siendo aquellas asociadas al género, unas de las más palpables.

En este dantesco contexto, y entendiendo que la mayor opresión patriarcal, la vivimos las mujeres en nuestros propios cuerpos, no podíamos esperar menos de esta pandemia: se están generando graves consecuencias en la salud y en los derechos sexuales y derechos reproductivos de nuestras mujeres y niñas.

Pensemos por un momento:

Si según datos de la OMS, una de cada tres mujeres sufre o ha sufrido alguna forma de violencia sexual o física por parte de su pareja… ¿Cómo deben estarla pasando esas mujeres ahora que están confinadas con su potencial agresor, quien además está más agresivo que nunca por la tensión propia del contexto?

Si el hogar es el lugar donde más ocurre el abuso sexual infantil, tal y como lo afirman datos oficiales en el mundo entero… ¿Cómo debe estar el derecho de los niños, y especialmente de las niñas (que son las más afectadas), a una vida libre de violencia sexual, ahora que conviven permanentemente con el pederasta?

Si la comunidad internacional ha aceptado que aún tiene retos en el acceso a servicios de planificación familiar garantes de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres… ¿Cómo estarán esos servicios en estos tiempos en los que los centros de salud han priorizado su acción únicamente en las emergencias y en la contención del COVID-19?

Si la OMS afirmó que en 2019, 270 millones de mujeres en el mundo tenían necesidades desatendidas en acceso a métodos anticonceptivos modernos… ¿Cómo estará esa cifra ahora que los tapabocas y respiradores se llevan los presupuestos estatales en materia de salud y que el acceso a espacios de dotación se encuentra restringido?

Las respuestas a estas interrogantes son evidentes, pero las acciones para su contención no lo han sido, lo cual se podría traducir, según el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas, en 7 millones más de embarazos no planificados, tan sólo en los primeros 6 meses de confinamiento.

Ahora bien, entendiendo las consecuencias poblacionales, económicas y sociales de los embarazos no planificados, como uno de las principales factores reproductores de la pobreza en el mundo, además del indelegable deber de los Estados en la protección, defensa y garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres, urgen acciones contundentes para la contención de esta oscura faceta de la pandemia.

En este sentido, para la mitigación de la violencia sexual, los Estados deben tomar medidas especiales de carácter temporal, establecidas en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); tales como campañas de sensibilización e información, establecimiento de refugios temporales para las víctimas y, desarrollo de mecanismos de denuncias accesibles, que pudiesen realizarse de manera virtual, telefónica, respaldadas con operativos de acción rápida, tal y como se han desarrollado para la contención del virus.

Por su parte, los servicios de planificación familiar deben ser considerados indispensables para estos tiempos, así como la dotación permanente de métodos anticonceptivos modernos, para lo cual urge una ruta especial para la implementación de un modelo de gestión integral de suministro de éstos y demás insumos médicos para la garantía del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.

La atención y protección de los derechos sexuales y reproductivos parecen estar en suspensión, pero urge abrir los ojos y caer en cuenta de que son hoy, más que nunca, una prioridad impostergable, no sólo por un tema de derechos, sino como estrategia para afrontar las consecuencias de la actual pandemia, pues la violencia sexual, los embarazos no planificados, la incidencia de Enfermedades de Transmisión Sexual, el aumento de la mortalidad materna, entre otros fenómenos que están incrementándose en estos tiempos, generan fatales efectos en el desarrollo económico y social de las naciones, y con ello, en su capacidad para levantarse en la tan deseada era de la “post-pandemia”.

1Abogada. Magister en Derecho Penal Internacional. Militante feminista y Activista de Derechos Humanos. Presidenta del Centro de Estudios de los Derechos Sexuales y Reproductivos CEDESEX