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En el centro de cada crisis, siempre hay un rostro invisible que lo sufre en silencio: el de un niño o una niña. Ya sea en medio de una guerra, una hambruna, una catástrofe natural o un desplazamiento forzado, la infancia es la primera en ver vulnerados sus derechos.
Cuando los sistemas colapsan, cuando las prioridades cambian, cuando la urgencia apremia, los niños y niñas quedan muchas veces desprotegidos, olvidados o reducidos a cifras.
Pero la niñez no puede esperar. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) no deben suspenderse en tiempos de crisis: deben fortalecerse. Y entre esos derechos, el acceso a la salud -física, mental, sexual, emocional- es uno de los más esenciales. Porque sin salud no hay desarrollo, no hay educación, no hay protección.
Por ello es prioritario visibilizar la necesidad urgente de garantizar el derecho a la salud integral de la niñez y la adolescencia en contextos de crisis, y cómo las políticas públicas deben responder con sensibilidad, humanidad e interseccionalidad en estos escenarios.
Una infancia que duele: la salud infantil en situaciones de emergencia
Los conflictos armados, el hambre, los desplazamientos forzados, las catástrofes ambientales y las crisis económicas no son solo situaciones de emergencia, son entornos donde los derechos se fracturan.
En estos contextos, la salud en general de niños y niñas sufre múltiples impactos:
- Desnutrición aguda y crónica, que afecta su desarrollo físico y cognitivo.
- Interrupción de esquemas de vacunación, lo que aumenta la exposición a enfermedades prevenibles.
- Falta de acceso a servicios básicos como agua potable, saneamiento e higiene, lo que facilita brotes epidémicos.
- Atención médica inexistente o inaccesible, especialmente en zonas rurales o afectadas por conflictos.
- Trauma psicológico y salud mental deteriorada, por la exposición a la violencia, la pérdida de seres queridos, la migración forzada o la separación familiar.
La salud sexual y reproductiva también se ve comprometida: niñas expuestas a violencia sexual, embarazos forzados, matrimonios tempranos y falta de acceso a anticoncepción o atención obstétrica adecuada. La adolescencia, etapa ya vulnerable de por sí, se agrava en estos escenarios por la desprotección y la falta de espacios seguros.
¿Qué exige el derecho internacional?
El artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) establece que todos los niños tienen derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, y que los Estados deben asegurar el acceso a servicios médicos, tratamiento de enfermedades y rehabilitación.
En situaciones de emergencia, los Estados no están exentos de su responsabilidad, al contrario: tienen la obligación reforzada de adoptar medidas inmediatas y específicas para garantizar el bienestar integral de la niñez. Esto incluye:
- Proteger a la infancia en desplazamientos, campamentos o zonas de riesgo.
- Priorizar su atención en planes de respuesta humanitaria.
- Crear sistemas de salud móviles o alternativos en contextos donde la infraestructura ha sido destruida.
- Asegurar que organizaciones internacionales y ONGs puedan operar sin trabas, con foco en la niñez.
La CDN también enfatiza el principio del interés superior del niño y la niña, lo que significa que todas las decisiones, incluso en contextos de crisis, deben evaluar el impacto en su vida presente y futura.
Políticas públicas que cuidan: una hoja de ruta para proteger a la niñez en crisis
La respuesta estatal y social frente a estas situaciones debe ser integral, coordinada y centrada en la dignidad de las y los niños. Las políticas públicas deben dejar de ser reactivas y punitivas para volverse preventivas, intersectoriales y reparadoras.
¿Qué medidas deben tomarse?
- Establecer sistemas de salud accesibles y resilientes
- Clínicas móviles en zonas de conflicto o campos de personas refugiadas.
- Redes de atención con enfoque infantil y de género.
- Capacitación del personal sanitario para el abordaje de trauma infantil.
- Clínicas móviles en zonas de conflicto o campos de personas refugiadas.
- Incluir la salud mental como prioridad
- Intervenciones psicosociales comunitarias.
- Espacios seguros para el juego, la expresión y el duelo.
- Acceso a profesionales en salud mental en escuelas, albergues y centros comunitarios.
- Intervenciones psicosociales comunitarias.
- Garantizar seguridad alimentaria y nutrición
- Programas de alimentación escolar, incluso en refugios o asentamientos.
- Control y seguimiento del crecimiento infantil.
- Suplementación nutricional para niñas embarazadas o en lactancia.
- Programas de alimentación escolar, incluso en refugios o asentamientos.
- Atender la salud sexual y reproductiva de niñas y adolescentes
- Educación sexual integral en formatos adaptados.
- Acceso confidencial a anticonceptivos, atención ginecológica y obstétrica.
- Prevención y atención de violencia sexual.
- Educación sexual integral en formatos adaptados.
- Crear registros y monitoreo de niños y niñas vulnerables
- Sistemas para identificar a NNA no acompañados, separados o víctimas de violencia.
- Acompañamiento legal, psicológico y social.
- Protección de su identidad y sus derechos.
- Sistemas para identificar a NNA no acompañados, separados o víctimas de violencia.
- Participación de la infancia en la toma de decisiones
- Espacios de consulta con niños, niñas y adolescentes para que puedan expresar sus necesidades.
- Programas adaptados a sus voces, no a interpretaciones adultocéntricas.
- Espacios de consulta con niños, niñas y adolescentes para que puedan expresar sus necesidades.
¿Y después de la crisis?
La recuperación no es solo reconstruir hospitales o entregar vacunas. Es restituir derechos, reparar heridas, reconstruir vínculos. Las políticas públicas deben tener una fase post crisis que incluya programas de reinserción escolar con acompañamiento emocional, fortalecimiento de las redes familiares y comunitarias y seguimiento a largo plazo del desarrollo físico y emocional de los niños expuestos a traumas.
No hay salud sin protección. No hay protección sin políticas sólidas. No hay políticas sólidas sin voluntad política.
Los niños y niñas no deberían ser los mártires silenciosos de las crisis del mundo. Merecen un lugar en la mesa, en los presupuestos, en las prioridades y en las decisiones. Defender sus derechos en materia de salud no es un gesto humanitario: es una obligación jurídica, ética y moral.
Porque no hay paz posible si dejamos que la infancia crezca en la herida. Porque proteger su salud de manera integral es cuidar el presente, pero también construir el futuro.
Equipo CEDESEX
